Por la fuga de los 17 presos en Liniers, la Justicia porteña imputó a cinco policías
Cinco miembros de la Policía de la Ciudad fueron acusados por su posible participación en la fuga de 17 detenidos de la Alcaidía 9 de Liniers, ocurrida el lunes pasado.
En las últimas horas, la Justicia porteña tomó la decisión de imputar a cinco policías involucrados en la fuga de la Alcaidía 9 de Liniers, ocurrida el lunes pasado. La fuga permitió que 17 delincuentes ganaran las calles, lo que generó gran conmoción social y repercusiones políticas. La investigación, que busca esclarecer las posibles connivencias o negligencias dentro de la fuerza, fue iniciada por la fiscal Lorena San Marco, bajo la orden del fiscal general Juan Bautista Mahiques.
La fiscal San Marco, que dirige la Fiscalía Especializada en Violencia Institucional y Faltas en la Integridad Policial (FEVIIP), fue la encargada de llevar adelante la causa que ya ha dado lugar a la imputación de los agentes de la Policía de la Ciudad. Sin embargo, los nombres, rangos y funciones de los policías involucrados aún no han sido revelados. Los imputados fueron acusados conforme al artículo 281 del Código Penal, que establece penas de prisión de entre un mes y cuatro años para aquellos que favorezcan la evasión de un detenido o condenado. Si el acusado es funcionario público, se le añade la inhabilitación absoluta por un tiempo equivalente al triple de la pena impuesta. A pesar de esta acusación, aún no se sabe si los agentes fueron imputados por haber recibido coimas o si su implicación responde simplemente a una negligencia en sus funciones.
Este hecho generó un fuerte impacto en la política de seguridad, especialmente en el ámbito de la Policía de la Ciudad, cuyo mando fue recientemente modificado. Tras la fuga, el ministro de Seguridad, Waldo Wolff, decidió la expulsión del jefe y subjefe de la fuerza, Pablo Kisch y Horacio Azzolina, respectivamente. Esta medida forma parte de una serie de destituciones que ya incluyen a cuatro funcionarios en menos de un mes, producto de la crisis derivada de múltiples fugas en distintas dependencias policiales. En noviembre, 11 detenidos se fugaron de la Alcaidía 4 Bis, en Barracas, mientras que días después, dos presos, entre ellos un narcotraficante, escaparon del Centro de Contraventores en Pompeya.
A raíz de estos incidentes, Wolff también decidió el desplazamiento de Sebastián Vela, responsable civil del ministerio, y de Martín Ochoa, director de Alcaidías de la Policía de la Ciudad, lo que agrava aún más la crisis institucional dentro de la fuerza.
Hasta el momento, cuatro de los 17 fugados han sido recapturados. El último en ser detenido fue Matías Petrarca, arrestado en la zona de Villa Lynch por la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal Argentina (PFA). Según fuentes del caso, Petrarca, de 25 años, es uno de los fugitivos con un perfil delictivo más grave, ya que enfrentaba un juicio por intento de homicidio agravado en el Juzgado N°59. Además de él, Agustín Esteban Franco fue capturado por la misma división policial el miércoles por la noche en Constitución. Franco, un hombre en situación de calle, estaba preso por un delito de robo y se encontraba bajo juicio en el Tribunal N°10.
La PFA también había capturado con anterioridad a otros dos fugados, Jorge Alet y Agustín Franco, quienes fueron localizados en diferentes operativos.
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