Rodolfo D’Onofrio y Sergio Rapisarda fueron imputados por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires por no cumplir con el aforo del 50% permitido en el ingreso de hinchas a los estadios durante el fin de semana. Además, a ambos directivos los acusaron de “resistencia a la autoridad”
El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires imputó hoy al presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, y al presidente de Vélez Sarsfield, Sergio Rapisarda, de los delitos de “propagar la pandemia” y “resistencia a la autoridad”, debido a la violación del aforo máximo del 50% de capacidad de sus estadios para los partidos que jugaron contra Boca e Independiente, respectivamente, en los partidos donde ambos equipos tuvieron la localía.
La acusación contra los dirigentes máximos de River y Vélez es por violar el artículo 205 y 239 del Código Penal que fue incluido en el decreto que estableció la vuelta de los hinchas a las canchas de fútbol, en el marco de la normalización de las restricciones vigentes por la pandemia de coronavirus en Argentina. De esta manera lo anunció en el canal A24 el titular del organismo porteño, Juan Bautista Mahiques, “Lo que sucedió fue una tomadura de pelo”, aseguró el funcionario.
En el día lunes, funcionarios del Ministerio Público a cargo de Celsa Ramírez realizaron un allanamiento en el Monumental, en un operativo donde también fue secuestrado el teléfono de un hincha de River Plate, que aparentemente es parte de la barra, que había sido identificado el domingo para que la gente dejara un hueco en el medio en la tribuna. Funcionarios públicos dijeron que “Le labramos un acta, pero no fue detenido, aunque los investigadores tienen el celular”.
Para confirmar lo sucedido, según fuentes que tuvieron acceso al expediente, los investigadores habrían podido comprobar que en las cámaras de seguridad del club se observaría que todos los hinchas que pudieron ingresar al estadio, estimado en al menos 50 mil personas, lo habrían realizado de manera tranquila, sin desbordes y pasando por los molinetes de manera normal. Por este motivo, la principal hipótesis que manejan en la Fiscalía es que los molinetes podrían haber sido alterados por los propios responsables del club para permitir un ingreso mayor al que la normativa había fijado.
En este sentido y debido a la normativa imperante en el decreto presidencial, en la cancha podrían haber ingreso hasta 36 mil personas, bastante menos que lo visto en las tribunas del Monumental, en la victoria ante Boca, por 2 a 1. Las fuentes consultadas dijeron que: “no es que la gente saltaba los molinetes, no hubo un desmán, ni un episodio de violencia para irrumpir adentro de la cancha. Las casi 50 mil personas entraron pasando por un molinete, sin que estuviera controlado para poner un freno ante el exceso de capacidad”.
En el operativo, se secuestraron las cámaras de video y el software de los molinetes para que los funcionarios puedan observar el ingreso al estadio. La fiscalía además intimó al club a presentar más documentación, que no fue entregada por motivos técnicos, y ahora deberá hacerlo en un plazo máximo de 48 horas.
Según el propio comunicado de la AFA, después de la reunión donde participaron Carla Vizzotti, ministra de Salud de la Nación, Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes, Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, y Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, manifestaron que “se hizo foco en ajustar detalles de la capacidad permitida y trabajar en las medidas correctivas de las situaciones puntuales que no han sido cumplidas”.
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