Se trata del lote de tapabocas que había comprado la Ciudad en el año 2020 con una fecha de caducidad que ya había pasado. Cuando la noticia fue de público conocimiento renunció un funcionario del gobierno porteño. Sin embargo, el Poder Judicial de la Ciudad indicó que no hubo perjuicio para el Estado en el caso.
Fue cuando comenzó la pandemia de coronavirus que el Gobierno de la Ciudad estuvo envuelto en un escándalo por la compra millonario de barbijos que estaban vencidos. La compra se realizó en abril, a pocos días de comenzada la cuarentena obligatoria. Ahora, la Justicia porteña decidió archivar la causa que se había abierto por esta compra.
La noticia fue revelada en abril del 2020 por la revista Noticias, quien consignó que la Ciudad había adquirido 15 mil barbijos a 45 millones de pesos, es decir, a 3 mil pesos cada uno. Además del presunto sobreprecio, tiempo después se supo que esos barbijos habían vencido en 2016.
Ahora según informó el portal Infobae, el fiscal Maximiliano Vence archivó la investigación en la que aparecía involucrada la empresa Green Salud ya que sostuvo que no hubo perjuicio económico para la Ciudad. Esto se basa en que el primer pago no se concretó, algo que habían aclarado desde el Gobierno de la Ciudad días después de que la transacción salga a la luz.
La empresa que produce los barbijos, la multinacional 3M, terminó descubriendo que la partida entregada, del modelo 8577, habían sido fabricados en mayo de 2013 y que tenían una vida útil de apenas tres años. Entonces, el Gobierno inmovilizó los barbijos que ya habían sido entregados en un depósito y comenzó una investigación interna “para garantizar que no hubo perjuicios económicos contra el Estado”.
En tanto, sobre el sobreprecio, el fiscal argumentó que no hubo perjuicio porque era un momento de escases de barbijos y de oferentes. De este modo, el único que pagó por esta compra fue un funcionario del Gobierno de la Ciudad, quien presentó su renuncia pocos días después de desatada la polémica. Nicolás Montovio era subsecretario de Administración del Sistema de Salud y había participado del proceso de compra.
Según consta en el expediente electrónico, Montovio firmó la contratación a las 0:57 del lunes 6 de abril, apenas unas horas después de la misteriosa aparición de Green Salud. Ese mismo día, aunque era un domingo, varios funcionarios de Salud dieron el aval para la contratación.
Pese a las irregularidades, Vence priorizó que no había relación previa entre el funcionario que firmó la adjudicación, Montovio, y la empresa oferente, es decir, Sáenz Valiente. Tampoco tuvo en cuenta el vínculo comercial de Sáenz Valiente con el hermano del jefe de Gabinete Felipe Miguel, Rodrigo Miguel. “Del relevamiento de las conductas de los funcionarios a través de la gestión del expediente electrónico, no arrojaron evidencias que hagan presumir que el Jefe de Gabinete porteño haya tenido algún tipo de injerencia en la decisión del titular de la Subsecretaría de Administración del sistema de Salud (Montovio)”, como así tampoco que éste último se hay interesado en la forma directa en miras a beneficiar a Green Salud”, opinó el fiscal.
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