El 2024 fue un año de progreso en la protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
El Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes presentó un balance de las iniciativas desarrolladas este año, destacando avances en capacitación, coordinación interinstitucional y atención integral.
El 2024 marcó un año de importantes logros para el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNYA) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consolidando políticas destinadas a garantizar y proteger los derechos de la infancia y la adolescencia. Entre los principales hitos se encuentran la creación de protocolos específicos, la capacitación de miles de personas y la implementación de estrategias que mejoraron la eficiencia en la atención de casos.
Durante el año, la Presidencia del Consejo desarrolló manuales y protocolos para los centros socioeducativos, asegurando la correcta aplicación de la Ley 114 y otras normativas relacionadas con los derechos de la niñez y la adolescencia. En paralelo, tuvo una participación activa en mesas interinstitucionales destinadas a formular políticas integrales que beneficiaron a este grupo poblacional.
En materia de formación, se capacitó a 3.280 personas, distribuidas entre trabajadores internos y actores externos como docentes, profesionales de la salud y abogados. Las temáticas abordadas incluyeron desde el derecho a ser oído hasta el manejo de emergencias con técnicas de RCP.
La Dirección General de Programas Descentralizados supervisó el trabajo de las Defensorías Zonales en las diferentes Comunas porteñas. A lo largo del año, estas oficinas gestionaron un total de 24.628 intervenciones, distribuidas de la siguiente manera:
– Región Este: 7.258 casos.
– Región Centro: 7.679 casos.
– Región Oeste: 9.691 casos.
El promedio de atención por equipo interdisciplinario fue de 356 casos, logrando además una reducción del 14% en las intervenciones gracias a la implementación de ferias administrativas que optimizaron la gestión. Por otro lado, se avanzó en la digitalización de legajos y en una mayor articulación con instituciones clave como hospitales, escuelas y hogares.
El Programa de Atención e Intervención en la Urgencia (PAIU) gestionó 21.983 consultas, de las cuales 13.858 fueron consideradas pertinentes. Este esfuerzo incluyó la emisión de 250 medidas de protección excepcional que beneficiaron a 327 niñas, niños y adolescentes.
Por su parte, el programa ATENNA desarrolló 1.207 intervenciones, centradas en un 60,2% en familias en situación de calle. Además, los hogares socioeducativos organizaron actividades recreativas en destinos como las canchas de River y Racing, el zoológico Temaikén y el Museo de los Niños, beneficiando a 616 menores.
En el ámbito administrativo, la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa implementó un Tablero de Control que permitió optimizar la gestión de recursos humanos y la tramitación de expedientes, evitando retrasos y garantizando respuestas eficientes a los organismos judiciales. Asimismo, se incorporaron nuevas licitaciones para servicios esenciales, priorizando la transparencia en cada proceso.
El programa PAE y Sistema +18 acompañó a 251 jóvenes en procesos de egreso planificado, brindándoles herramientas para transitar hacia la independencia. En paralelo, se creó un Equipo de Apoyo a Proyectos Adoptivos, acompañado de campañas de sensibilización y capacitación dirigidas a familias adoptantes.
La Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil priorizó el reacondicionamiento de las residencias socioeducativas, incluyendo talleres de herramientas laborales, actividades recreativas y la entrega de kits escolares. Además, se implementó un protocolo interdisciplinario para el cierre de intervenciones y se organizaron salidas recreativas para los residentes.
La Unidad de Auditoría Interna emitió 16 informes sobre gestión y promovió la digitalización de registros. También avanzó en la implementación de la Norma Referencial IRAM N° 15:2019, enfocada en la mejora continua de los procesos administrativos.
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