La presentación la realizaron asociaciones vecinales de la Ciudad de Buenos Aires que se pronunciaron en una audiencia pública en la Legislatura en contra los convenios urbanísticos firmados entre el gobierno porteño y empresas constructoras para levantar once nuevas torres en el distrito, la presentación es para declarar la nulidad de los acuerdos y advirtieron que hay en agenda la presentación de más proyectos inmobiliarios.
El amparo ambiental se tramitará en el Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario 14 y en el texto judicial solicita la cancelación de la audiencia pública que comenzó el viernes en el Parlamento porteño, y una segunda jornada este martes.
La convocatoria a la audiencia pública fue convocada por la Legislatura debido al pedido de once convenios urbanísticos firmados con desarrolladoras inmobiliarias para ampliar la capacidad constructiva y la altura de futuras edificaciones en una serie de terrenos comprendidos en los acuerdos.
Por esta razón, las organizaciones vecinales sostienen que la administración porteña incumplió con el proceso establecido en el Plan Urbano Ambiental que rige en el distrito y dispone que antes del girar los convenios a la Legislatura se deben cumplir ciertos pasos previos que no fueron realizados, como la presentación de un estudio de diagnóstico y una evaluación de Impacto ambiental de cada una de las torres proyectadas.
También, advirtieron que este paquete de acuerdos tampoco se ajustó al uso original para que fueron creados los convenios urbanísticos, el que alude a que debe “estar restringido a casos en los cuales resulte evidente que su objeto y las correspondientes contraprestaciones puedan considerarse de nítido interés público”.
Por su parte, Jonatan Baldiviezo, uno de los impulsores del amparo y también integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, dijo que la instancia de la audiencia pública en la Legislatura avala una “violación al procedimiento del Plan Urbano Ambiental ya que allí se establece que antes de la firma de los convenios urbanísticos deben hacerse el Estudio de Diagnóstico y la Evaluación de Impacto Ambiental”.
En tanto, Andreina Caraballo, de la Fundación Ciudad y también firmante del amparo, explicó que “interpusimos la acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad y la Legislatura con el objeto que se ordene la suspensión de la realización de la audiencia pública hasta tanto se ponga a nuestra disposición ambos documentos”, y agregó “estos convenios obvian el espíritu y la letra de la Constitución de la Ciudad y la Ley 6 de la Ciudad para las audiencias públicas”.
En este sentido, las organizaciones vecinales advirtieron sobre la existencia de más convenios urbanísticos en la agenda de la administración porteña que buscarán la habilitación de otras torres, más allá de las once ya divulgadas, y que en la actualidad su construcción está frenada por la justicia porteña.
Baldiviezo declaró: “no debatimos solo once torres sorpresa, sino que estamos frente a un plan sistemático para seguir generando enclaves de máxima explotación inmobiliaria y legalizar lo que la justicia declaró ilegal”.
En ese marco, mencionaron el caso de una torre que podría alcanzar los 76 metros en un predio del barrio de Palermo, sobre la calle San Martín de Tours, donde el año pasado se dictó una medida cautelar para suspender la obra en construcción porque violaba los parámetros urbanísticos permitidos en este sector de la Ciudad que conforma un Área de Protección Histórica.
También, citaron el ejemplo de la construcción de dos torres de más de 100 metros sobre la avenida Luis María Campos al 100, donde la justicia declaró ilegal el permiso de construcción otorgado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la empresa desarrolladora para levantar al considerar que la altura autorizada excede los rangos vigentes en la zona.
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