A casi 20 años de la tragedia de Cromañón sigue sin ejercerse la expropiación del local
A casi dos décadas de la tragedia de Cromañón, que dejó un saldo de 194 muertos y miles de heridos, la expropiación de los inmuebles donde ocurrió el desastre podría quedar en el olvido. La ley sancionada en 2022 que declara estos predios de “utilidad pública” no avanzó desde su aprobación, y ahora un grupo de legisladores reclama una prórroga de dos años para evitar que se pierda la oportunidad de llevarla adelante.
En 2022, el Congreso aprobó la Ley 27.695, que establece la expropiación de los inmuebles ubicados en Bartolomé Mitre 3038/78 y Jean Jaures 51, ambos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde funcionaba el boliche “República Cromañón”. La normativa buscaba crear un espacio de memoria en esos terrenos, preservando los elementos históricos que testimonian la tragedia ocurrida el 30 de diciembre de 2004.
Sin embargo, a casi dos años de la sanción de la ley, no se inició el proceso judicial necesario para la expropiación. Según el artículo 33 de la Ley 21.499, de 1977, la expropiación se consideraría abandonada si no se promueve el juicio en un plazo de dos años desde la vigencia de la ley que la autoriza. Ante esta situación, las senadoras Anabel Fernández Sagasti e Inés Pilatti Vergara, del kirchnerismo, han presentado un proyecto para extender este plazo por dos años más.
La falta de avances en la expropiación durante la última etapa del gobierno kirchnerista de Alberto Fernández y en la actual gestión libertaria ha generado preocupación entre los familiares de las víctimas y los sectores que impulsan la preservación de la memoria colectiva sobre lo ocurrido en Cromañón.
El artículo principal de la Ley 27.695 declara de “utilidad pública y sujeto a expropiación” los inmuebles donde ocurrió la tragedia. La intención era convertir esos espacios en un lugar dedicado a la memoria, con una muestra permanente que reflejara lo sucedido el 30 de diciembre de 2004, y organizar actividades culturales e informativas para que las futuras generaciones conozcan la magnitud del desastre.
La norma también establece que la edificación existente debe conservar los elementos testimoniales que representan la memoria histórica del hecho y que deben ser protegidos por el Estado. La creación de este espacio se justificó como una manera de evitar que las víctimas queden aisladas en un reclamo individual, promoviendo en su lugar un espacio colectivo de reflexión y lucha para que “nunca más” ocurra una tragedia similar.
Uno de los principales obstáculos para avanzar con la expropiación es la situación legal de los inmuebles, que están inscriptos a nombre de la empresa offshore uruguaya Nueva Zareluz S.A., cuyo propietario, Rafael Levy, fue condenado en 2012 por su responsabilidad en la tragedia. Levy, acusado de incendio culposo calificado, fue sentenciado a cuatro años y medio de prisión por haber contribuido, a través de sus acciones y omisiones, a la muerte de las víctimas.
Este vínculo legal y la falta de avances concretos en la expropiación por parte de los gobiernos de turno han generado tensiones en torno a la gestión de los inmuebles y su futuro como espacio de memoria.
Las senadoras Fernández Sagasti y Pilatti Vergara fundamentaron su iniciativa de prórroga señalando que, a casi 20 años de la tragedia, es un acto de “estricta justicia” para las víctimas y sus familiares que el Estado argentino dedique un espacio a la memoria de lo sucedido. La creación de este lugar no solo serviría para preservar los recuerdos de las personas fallecidas, sino también como un testimonio histórico que permita a las futuras generaciones conocer lo que ocurrió aquella fatídica noche en Cromañón.
Por otro lado, desde sectores vinculados a la memoria de la tragedia, se insiste en la importancia de mantener el predio como un refugio de la memoria colectiva, con el objetivo de transformar el dolor en lucha y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse en el futuro.
La propuesta de prorrogar el plazo para la expropiación se encuentra actualmente en debate, y dependerá del oficialismo libertario en el Congreso si se extiende el plazo y se avanza con la creación de este espacio de memoria o si, por el contrario, la iniciativa queda finalmente en el abandono.
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